Sensatez

Al inevitable clima de polarización social que prevalece en el país desde el triunfo arrollador de Manuel López Obrador, en el caso de Puebla ahora surge la amenaza de una escisión aún mayor, derivada del obligado proceso legal para elegir la gubernatura.

Como preámbulo de la cruenta batalla electoral que se avecina, está en marcha la discusión para definir quién será el gobernador interino, cuya responsabilidad estará limitada a la fecha de la jornada electoral, esto es, no irá más allá del próximo 2 de junio.

En el trance actual diversos actores políticos y algunos grupos, entre ellos algunos sólo de membrete, han planteado varias propuestas, algunas razonablemente sustentadas y otras más francamente fantasiosas.

En ese alud de aspirantes hay incluso quienes por cuenta propia han levantado la mano para presidir el interinato; de ello ni ocuparse por simple ánimo de no ofender a nadie. Es mejor ni mencionarlos aunque por mera deducción resulta fácil conocer su identidad, sobre todo porque es bien sabido su reiterado y hasta grotesco protagonismo.

Al inicio de semana se sabe de casi 20 posibles personajes que estarían en posibilidades de ser designados por el Congreso en una fecha todavía no establecida, pero que podría ser entre el jueves y el sábado próximo.

Entre los que han sido mencionados formalmente, habría que tomar en serio si acaso a no más de ocho por disponer de un perfil idóneo, aunque habría que ponderar todavía si además cumplen a cabalidad con el requisito fundamental de estar en condiciones de garantizar imparcialidad y, muy importante, si serían capaces de generar equilibrios entre poderes, así como una adecuada gobernabilidad hasta el día de la jornada electoral.

En esa relación de candidatos viables a la gubernatura interina destacan, por orden alfabético: Humberto Aguilar Coronado, consejero vitalicio del PAN, propuesto por la dirigencia nacional; Gabriel Biestro Medinilla, actual diputado local, propuesto por Morena, y Enrique Cárdenas Sánchez, exrector de la UDLAP, por parte de la organización “Sumamos”.

Así también, José Marún Doger Corte, exrector de la BUAP, propuesto por la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (Auiemss); Héctor Jiménez y Meneses, expriista y actual diputado federal por Morena que lo postula junto con la Asociación de Madres Solteras; Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, planteado por asociaciones civiles; Guillermo Pacheco Pulido, jurista expresidente municipal de Puebla y del Tribunal Superior de Justicia, y Gabriel Hinojosa Rivero, exalcalde de Puebla y sugerido por “Sumemos”.

Hay otros con jerarquía que también han sido mencionados, pero que públicamente no han manifestado interés, como es el caso del actual rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez.

Una vez decidido el tema del suplente, la ley prevé que diez días después se debe convocar al proceso electoral extraordinario a la gubernatura, dando aviso al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, previéndose que la jornada electoral se celebre en un plazo no mayor de cinco meses, para que el ganador o ganadora de los comicios tome posesión del cargo diez días después, esto es, muy posiblemente el martes 12 de junio de este mismo año.

Respecto al interinato, que es lo inmediato a resolver, y a pesar de la copiosa lista de aspirantes, la posición más prudente y racional es la que expresó el pasado domingo el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien sostuvo que “la persona que debe ocupar el cargo de gobernador interino debe pertenecer al grupo político que ganó la elección el pasado 2 de julio”.

De esta forma, dijo, se garantiza además la continuidad de la estructura de gobierno que ya había sido designada y se evitaría volver a empezar a configurar otro equipo de trabajo en toda la administración estatal, además que “a los poblanos nos urge una definición y que sean atendidos de inmediato los temas de gobierno, especialmente en lo que se refiere a la seguridad y la gobernabilidad”.

En este proceso inédito debiera caber ante todo la sensatez, en cuyo caso podría optarse incluso por una alternativa aún más simple que evitaría desgaste y fricciones prematuras entre los grupos políticos: ratificar a quien ha ocupado provisionalmente el cargo como Encargado de Despacho de la Gubernatura, el actual Secretario de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida.

¿O no?

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