Ahora, y ante este inesperado panorama, unas más que otras, las 34 universidades públicas estatales han encendido ya sus focos rojos. (Fotografía: Instagram: unam_mx)

Felipe Flores Núñez
17 diciembre, 2018 , 7:57 pm

Universidades: focos rojos

Del susto de la semana pasada, en la víspera se pasó a la alerta.

Apenas el jueves se habló de una presunta intención de eliminar la autonomía de las universidades públicas, pero todo quedó en una burda falla de dedo que el gobierno federal aclaró, al precisar que “la eliminación de este concepto histórico se derivó de un error en la captura mecanográfica del documento alusivo a la Reforma Educativa que suscribió el Ejecutivo”.

Calmadas las aguas, en las horas recientes devino la tormenta real: habrá recorte de recursos para las instituciones de educación superior, según lo prevé el Presupuesto de Egresos de las Federación 2019, que deberá aprobar el Congreso antes de que concluya el año.

Esa no fue la promesa que había hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ante Rectores ofreció en campaña no disminuir el presupuesto para la educación superior y media superior.

Ahora, y ante este inesperado panorama, unas más que otras, las 34 universidades públicas estatales han encendido ya sus focos rojos.

En el caso local, afortunadamente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla mantiene sus finanzas sanas, si bien una eventual reducción afectará el cumplimiento de sus actividades sustantivas y obligará a que se aplique una severa política de austeridad para el año entrante.

El caso de la BUAP es una excepción, hay que destacarlo, porque bajo la conducción del Rector Alfonso Esparza se ha maniobrado con eficiencia pese a los ajustes financieros, sin perjuicio de la calidad académica y la investigación, además que ha mantenido un ritmo creciente en su infraestructura, lo que ha permitido que en los últimos cinco años la matrícula se extendiera en casi 101 mil estudiantes.

Más del 50 por ciento de la infraestructura que tiene la Universidad se construyó en su gestión y los programas académicos son más, en cantidad y en pertinencia.

En contraste, en otras latitudes la situación es desoladora, como es el caso de la Universidades de Zacatecas, Estado de México y Sinaloa que

hoy en día no tienen recursos ni para pagar las últimas quincenas y los aguinaldos para trabajadores académicos y administrativos.

Otras circunstancias de agobio financiero se presentan también en las Universidades de Michoacán, Tabasco, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Coahuila y Nayarit, mientras que otras instituciones han tenido que sortear temporalmente dificultades, pero transitan en la misma ruta de infranqueable crisis económica.

Tales apremios no son casuales, en realidad se derivan irremediablemente de un modelo de financiamiento y gasto inoperante, situación que con urgencia debería ser revisado a fondo para evitar un colapso institucional cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para el sistema educativo nacional.

Si bien pudiera haber casos de malos manejos de los recursos públicos, lo cual tendría que ser sancionado con el mismo ánimo que se impulsa la lucha actual contra la corrupción, lo cierto es que la desestabilización financiera tiene explicaciones y se ajusta a todas las universidades por igual.

La principal razón es que no hay correspondencia entre el aumento en la matrícula universitaria y la alta nómina del personal docente y administrativo con la asignación presupuestal, que cada vez ha sido menor.

A ello habría que añadir que persiste una notable reducción en la generación de ingresos propios, que equivalen en promedio a un 12 por ciento del total de recursos; el incremento en los salarios prestaciones por presiones sindicales y el actual esquema de pensiones.

Un reciente diagnóstico de la SEP indica que la matrícula en las 34 universidades estatales ha crecido en promedio 3.5 por ciento anual entre 2014 y 2017, el presupuesto ha disminuido en ese periodo hasta en 11 por ciento anual en términos reales. De igual modo, el gasto por alumno ha caído un 23 por ciento, al pasar de 100 mil pesos a 77 mil.

En todo este contexto preocupa que el recorte obedezca sólo a la iniciativa ofrecida desde su campaña por López Obrador, en el sentido de abrir 100 nuevas universidades, para garantizar el acceso de miles de estudiantes que cada año se quedan sin la oportunidad de continuar sus estudios superiores.

A simple vista, la propuesta es contradictoria, en cuanto a que sería más coherente diseñar un plan financiero que permita resolver el pasivo actual de las instituciones públicas, estimado en 250 mil millones de pesos, y al mismo tiempo reforzar las aportaciones presupuestales a las 34 universidades existentes, a fin de dar cabida a la aludida demanda de nuevos estudiantes.

Por lo pronto, este mismo lunes el presidente López Obrador sostuvo que no se reduce el presupuesto de las instituciones educativas, “ya que millones de jóvenes contarán con una beca a nivel medio superior y superior para que continúen sus estudios”.

Y que ello, dijo, “garantiza el acceso a la educación con recursos que facilitarán iniciar la operación de 100 nuevas universidades públicas y otorgar becas mensuales a todos los estudiantes de nivel medio superior de escuelas públicas”.

Enredo innecesario, toda una bomba de tiempo.

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