Despacio que llevo prisa

(Primera parte)

 

Felipe Flores Núñez

 

Esta vez no quisiera equivocarme, pero tal parece que la celeridad extrema con la que avanzan las gestiones tendientes a legalizar en México el uso recreativo de la marihuana, no ha permitido espacio alguno para que sean ponderadas las múltiples consecuencias que conlleva esa medida.

En éste como en otros ámbitos, son muchas las expectativas generadas en el ambiente de furor que ha invadido a quienes están ya tomando decisiones bajo una visión transformadora.

La prisa que los motiva no siempre ha sido asertiva.

Ahí están los ejemplos de la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco tras un falso mecanismo de consulta ciudadana, y más recientemente con la frustrada pretensión legislativa de eliminar las comisiones bancarias, cuya intentona por cierto estuvo a punto de generar una debacle financiera.

Pareciera entonces que en el caso de la despenalización de la marihuana ha faltado también una alta cuota de ponderación, a sabiendas que causará efectos irreversibles en distintos ámbitos, entre ellos los de tipo social, político, económico, de salud y, desde luego, de seguridad pública.

La complejidad del tema se desprende de la propia iniciativa que ha planteado Morena, y de la cual ha dado indicios la actual Senadora Olga Sánchez Cordero, quien a partir del 1 de diciembre será la titular de la Secretaría de Gobernación.

Dicha propuesta legislativa plantea, entre otros aspectos, que cualquier persona podrá consumir marihuana en la vía pública, sin tener ninguna consecuencia penal.

Estará también permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración, destinadas para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando “la producción de cannabis no sobrepase los 480 gramos por año”.

Para regular y controlar la marihuana, la iniciativa de Morena facilita crear cooperativas de dos y hasta 150 personas que pueden cultivar la hierba para consumirla, aunque sin autorización para comercializarla.

Igual propone la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis como máxima autoridad para regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el uso de la marihuana.

Para su uso industrial, la iniciativa autoriza la siembra, cultivo, cosecha, preparación, fabricación, producción, distribución y venta de cannabis, con permisos de cinco años para comercializarla, con opción a ampliarse, pero estará prohibido hacerle publicidad.

Las sanciones más severas para quienes violen la ley serán de 36 horas de arresto, incluso a quienes induzcan a menores al consumo o los involucren en su comercio, distribución, donación y suministro.

En cualquier modalidad será necesario tener licencias y permisos por cinco años, salvo cuando se trate de fines farmacéuticos, ya que esa licencia será por 10 años, y para el consumo de adultos se procurará que existan los establecimientos suficientes.

Aprobado el nuevo marco jurídico, se procederá a dejar en libertad a quienes ahora están en prisión por haber incurrido en alguna modalidad de algún delito contra la salud. Es el caso de al menos 20 mujeres que ahora están presas por posesión o traslado de la droga.

La propia Sánchez Cordero ha dicho que no está a favor de la legalización absoluta de las drogas, sino del control de la marihuana y por liberar a quienes se encuentra en las garras de la amenaza por parte del crimen organizado y de la pobreza. “Estamos a favor de vivir en México en paz”, señaló.

La aspiración de pacificar el país es un anhelo compartido y legalizar la marihuana es unas de sus vertientes, pero ¿existe el andamiaje institucional suficiente para hacerlo en corto plazo?

Sánchez Cordero ejemplifica y dice que en Canadá, donde el uso lúdico de la marihuana fue legalizada hace justo un mes, “ha sido todo un éxito”, aunque omite decir que allá el proyecto fue consolidado tras varios años de estudios, entre los que se incluyen estadísticas muy puntuales sobre adicciones, además que nuestra realidad social es absolutamente distinta.

Allá, por ejemplo, no padecen nuestros altos índices de violencia, mismos que según Morena, se reducirán sustancialmente al legalizar el consumo.

Más allá de que la medida pudiera en algún sentido ser benéfica, queda la duda sobre si el nuevo gobierno y la sociedad en general estamos preparados para afrontar esa realidad.

A todo ello nos referimos en nuestra próxima entrega, con la convicción de que al menos en este caso, ante la prisa deberíamos irnos más despacio.


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